Leyes civiles

¿Qué impide a los gobiernos legislar en favor de la sociedad civil?

En teoría, los gobiernos existen para servir a la sociedad civil y proteger el bien común. Sin embargo, en la práctica, muchas veces las leyes no reflejan las necesidades reales de la población. Esta distancia entre gobierno y ciudadanía no es casual: responde a una serie de obstáculos estructurales, económicos y culturales que limitan la capacidad —o la voluntad— de legislar en favor del interés colectivo.

Uno de los principales impedimentos es la presión de intereses privados. Grandes corporaciones, grupos financieros y lobbies ejercen una influencia constante sobre los procesos legislativos. A través de financiamiento político, asesorías “técnicas” o amenazas económicas indirectas, logran orientar las leyes hacia beneficios particulares, incluso cuando estos van en contra del bienestar social, del medio ambiente o de la justicia laboral.

Otro factor clave es la burocracia y la inercia institucional. Muchos sistemas de gobierno están diseñados para preservar el statu quo. Cambiar una ley requiere atravesar procesos largos, complejos y, a menudo, intencionalmente lentos. Esta rigidez desalienta reformas profundas y favorece soluciones superficiales que no alteran las estructuras de poder existentes.

También influye el miedo político. Gobernar implica tomar decisiones impopulares a corto plazo, aunque sean beneficiosas a largo plazo. El temor a perder elecciones, apoyo mediático o estabilidad interna lleva a muchos gobiernos a evitar leyes que favorezcan a la sociedad civil pero afecten a sectores poderosos.

Finalmente, existe una desconexión real entre gobernantes y ciudadanía. Cuando las élites políticas viven alejadas de la experiencia cotidiana de la mayoría, legislan desde una abstracción que ignora problemas reales como el acceso a la vivienda, la salud, la educación o la dignidad laboral.

Legislar en favor de la sociedad civil requiere valentía, independencia y una visión ética del poder. Sin una ciudadanía activa, informada y participativa que exija transparencia y responsabilidad, los gobiernos seguirán legislando más para conservar poder que para servir al pueblo.