Donald Trump contra la libertad de prensa

Poder, medios y la batalla por controlar el mensaje

Por Abraham David Nissan (A.D.N.) — El Sanhedrín Digital

La relación entre Donald Trump y la prensa estadounidense ha sido conflictiva desde hace años. Pero durante su segundo mandato, iniciado en enero de 2025, la discusión ha ido mucho más allá de sus conocidas acusaciones de fake news. La cuestión central ahora es hasta dónde puede llegar un presidente al enfrentarse con medios cuya cobertura considera injusta, sesgada o directamente falsa.

El debate volvió a intensificarse el 18 de septiembre de 2026, cuando Trump anunció que CNN, MS NOW y Politico serían excluidos de la Casa Blanca, acusándolos de difundir noticias falsas. Según Associated Press, al momento del anuncio todavía no estaba claro cómo se implementaría la medida. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa sostuvieron que excluir medios debido al contenido de su cobertura podría constituir discriminación basada en el punto de vista. (AP News⁠)

El caso de Associated Press

Uno de los antecedentes más importantes ocurrió en 2025.

La Casa Blanca restringió el acceso de periodistas de Associated Press después de que AP decidiera continuar utilizando principalmente el nombre histórico “Gulf of Mexico”, pese a la decisión de Trump de adoptar oficialmente “Gulf of America” dentro del gobierno federal.

El conflicto terminó en los tribunales.

En abril de 2025, el juez federal Trevor McFadden —nombrado por Trump durante su primer mandato— determinó que el gobierno no podía excluir a AP de determinados espacios abiertos a otros periodistas acreditados simplemente por discrepar con sus decisiones editoriales. La posterior batalla judicial sobre el alcance de ese derecho de acceso continuó en apelación. (U.S. Press Freedom Tracker⁠)

Aquí aparece una distinción fundamental: la Primera Enmienda no garantiza a todos los periodistas acceso ilimitado al presidente, pero cuando el gobierno abre determinados espacios a periodistas, surge una seria cuestión constitucional si selecciona quién entra dependiendo de si le gusta o no lo que publica.

NPR y PBS

Otro frente fue la radiodifusión pública.

El 1 de mayo de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a terminar, en la máxima medida permitida por la ley, con el financiamiento federal directo e indirecto de NPR y PBS. La propia orden sostuvo que ambos medios no ofrecían una cobertura “fair, accurate, or unbiased” y argumentó que ningún medio posee un derecho constitucional a recibir subsidios gubernamentales. (The White House⁠)

NPR respondió judicialmente alegando que la medida constituía represalia gubernamental contra un medio por su contenido y violaba la Primera Enmienda. El gobierno, por su parte, ha presentado el asunto de manera diferente: sostiene que los contribuyentes no deben financiar medios que considera partidistas y que retirar un subsidio público no equivale a censurar una publicación. (npr.org⁠)

Esta diferencia es importante. Retirar financiamiento público y prohibir que un periódico publique no son jurídicamente lo mismo. El debate constitucional está precisamente en determinar cuándo una decisión legítima sobre recursos públicos se transforma en una represalia por expresión protegida.

La batalla de las licencias

En 2026 apareció un frente potencialmente todavía más delicado: las licencias de radiodifusión.

El presidente ha pedido repetidamente acciones contra licencias vinculadas a cadenas como ABC y NBC. En marzo de 2026, el presidente de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, dijo a Reuters que era posible adelantar revisiones de licencias y que la revocación estaba entre las posibilidades contempladas en investigaciones pendientes. Técnicamente, la FCC licencia estaciones locales de televisión, no a una cadena nacional en abstracto. (Investing.com⁠)

En agosto, ABC y su empresa matriz Disney demandaron a la FCC después de que el organismo ordenara revisiones anticipadas de las licencias de ocho estaciones propiedad de ABC. La compañía sostiene que la actuación constituye una represalia por decisiones editoriales y amenaza sus derechos bajo la Primera Enmienda. (The Washington Post⁠)

Aquí se encuentra quizá la pregunta institucional más seria: ¿puede un organismo regulador utilizar sus facultades legítimas sobre el espectro radioeléctrico para castigar decisiones periodísticas?

Eso es precisamente lo que deberán determinar los tribunales en los casos correspondientes.

¿Libertad de prensa significa que la prensa siempre tiene razón?

No.

La libertad de prensa no convierte a los periodistas en infalibles.

Un periódico puede equivocarse. Una televisora puede mostrar sesgo. Un periodista puede publicar información falsa y, bajo determinadas circunstancias, afrontar una demanda por difamación. Un presidente también conserva su propia libertad de expresión y puede criticar públicamente a CNN, Fox News, The New York Times o cualquier otro medio.

La cuestión constitucional comienza en otro punto: cuando el poder del Estado se utiliza para imponer consecuencias a un medio debido a su posición editorial.

Criticar a un periodista es expresión política.

Demandarlo plantea una cuestión que debe resolverse conforme a las leyes de difamación.

Pero utilizar acreditaciones, organismos regulatorios, contratos públicos o facultades gubernamentales para premiar coberturas favorables y castigar coberturas adversas puede plantear problemas diferentes bajo la Primera Enmienda.

Trump también presenta su propio argumento

Para entender correctamente esta confrontación hay que escuchar también la posición de Trump.

El presidente sostiene desde hace años que grandes sectores de los medios estadounidenses no funcionan como observadores neutrales, sino como actores políticos. Su administración argumenta que cuestionar su cobertura, modificar reglas de acceso o revisar el uso de recursos públicos no equivale automáticamente a censura.

Ese argumento merece distinguirse de una prohibición directa de publicar.

Al mismo tiempo, los críticos de la administración responden que precisamente por eso existen las garantías constitucionales: el gobierno no debe decidir qué periodismo merece protección dependiendo de si considera correcta su cobertura.

El verdadero campo de batalla

La discusión, entonces, no debería reducirse a estar a favor de Trump o a favor de los grandes medios.

La pregunta democrática es más profunda:

¿Cuánto poder debe tener un gobierno sobre las instituciones encargadas de investigarlo, cuestionarlo y comunicar sus acciones a la población?

Estados Unidos diseñó la Primera Enmienda precisamente para colocar límites alrededor de esa relación.

La prensa puede ser parcial.

Puede ser agresiva.

Puede cometer errores.

El presidente puede denunciar esos errores, responder a los periodistas y recurrir a los tribunales cuando considere que la ley ha sido vulnerada.

Pero una democracia enfrenta una prueba especialmente delicada cuando el gobernante deja de combatir las palabras únicamente con palabras y comienza a utilizar las herramientas del Estado contra quienes publican esas palabras.

En 2026, esa frontera entre crítica presidencial, regulación legítima y posible represalia gubernamental se ha convertido en uno de los grandes debates sobre libertad de prensa en Estados Unidos.

Y finalmente no corresponde ni al presidente ni a los periodistas tener la última palabra sobre los límites constitucionales.

Corresponde a la ley.